La Procuraduría exigió a seis entidades del orden nacional el reporte del cumplimiento a las medidas que solicitó para proteger la Ciénaga Grande de Santa Marta y pidió a la Fiscalía que investigue presuntos delitos en el manejo del humedal en los que estarían comprometidos servidores y particulares y  evalúe presuntas conductas penales que estarían afectando sus recursos naturales.

Simultáneamente, el ente disciplinario cerró la acción preventiva y envió informe con fines disciplinarios para que se investigue presuntas omisiones en la recuperación, conservación y mantenimiento del ecosistema.

Las solicitudes

Entre las solicitudes hechas por el Ministerio Público están la comunicación al Departamento Nacional de Planeación para apropiar los recursos y la agenda pública para dar respuesta a la grave problemática social, económica y ambiental que presenta la ciénaga; al Ministerio de Ambiente activar control permanente y superior sobre los procesos de licenciamiento ambiental en la zona, además de enviar exhortos, llamados urgentes, y activar hace más de un año el Comité Interinstitucional para la protección de la Ciénaga Grande de Santa Marta para proteger este ecosistema.

Además, en carta enviada el pasado 4 de marzo de 2019 al ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ricardo Lozano Picón; al director de la Corporación Autónoma Regional de Magdalena (Copamag), Carlos Francisco Díaz Granados; a la gobernadora, Rosa Cotes de Zúñiga; a la directora de Parques Nacionales Naturales de Colombia – Territorial Caribe, Luz Elvira Angarita Jiménez; a la Capitanía del Puerto de Santa Marta, capitán de corbeta Juan Pablo Huertas; al comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, coronel Gustavo Verdugo Garavito, y al director de fiscalías de Magdalena, Vicente Guzmán, la Procuraduría reclamó un trabajo  articulado entre las instituciones para proteger la Ciénaga Grande de Santa Marta, y diseñar e implementar un plan de acción que permita afrontar esta grave problemática.

En este sentido, fijó un plazo de 30 días para que las autoridades realicen la coordinación intra e interinstitucional para generar acciones que contengan los procesos para “frenar la sedimentación, la alteración geomorfológica del suelo como adecuación para cultivos y ganado, la canalización de arroyos, los cambios en la calidad de hábitats y la fragmentación ecosistémica en general y el déficit hídrico de la CGSM”.

La Procuraduría pidió adelantar control de vertimientos, restitución de cauces y bienes de uso público, saneamiento predial, celeridad en los procesos sancionatorios ambientales, y adopción del Plan de Manejo Ambiental, control a la expansión de la frontera agrícola en zonas de humedal y ordenamiento pesquero, y de las captaciones de aguas superficiales y subterráneas.

Con información de la Procuraduría